Ordenes de expulsión

Creo que para entender lo tremedamente injusta e inhumana que es la Ley de Extranjería no funcionan tanto los grandes discursos como mostrar las consecuencias que tiene en lo concreto, en la vida de las personas. Una de las consecuencias que más me impactan son las órdenes de expulsión. No soy experta en esto, así que perdonadme si caigo en alguna inexactitud, pero la historia sería más o menos la siguiente:

Imaginemos el largo periplo que supone migrar de un pueblo de Senegal a Bilbao. Normalmente no se emigra en una sola fase: el proceso suele incluir migraciones dentro del propio país o región, pausas para trabajar y ahorrar dinero para el viaje, una estancia en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en Canarias, deambular por diferentes provincias... Finalmente, tal vez años después de haber salido de su pueblo, la persona migrante se asienta en Bilbao.

Se empadrona y desde entonces necesita pasar tres años en situación irregular (por tanto, trabajando en la economía sumergida, sin poder reagrupar a familiares y con casi todos sus derechos negados) para poder tramitar un permiso de residencia y trabajo demostrando el arraigo social: prácticamente la única forma que les queda a las personas migrantes para regularizar su situación.

Imaginemos que cuando lleva algo más de dos años empadronado y ya está dando pasos para solicitar el permiso de trabajo, topa con una redada de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de ayuntamientos como el de Bilbao o el de Barakaldo. La Policía Nacional le abre una orden de expulsión, la cuál implica el riesgo de ser trasladado a un CIE (actualmente, durante un plazo máximo de 40 días, pero con la reforma de la Ley pasará a ser 60) o ser repatriada.

En el caso de Euskadi, lo habitual es que la orden no se ejecute. Esto supone que la persona seguirá viviendo junto a nosotras pero con una pesada losa a sus espaldas. En primer lugar, tendrá que sumar un mínimo de 5 años en situación irregular (tres de prohibición de entrada en el país y dos hasta que prescriba la orden), es decir, prácticamente sin derechos. En segundo lugar, sentirá la presión que implica la amenaza de ser repatriado o trasladado a un CIE en cualquier momento.

En este punto conviene recordar que no tener papeles no es un delito sino una infracción administrativa comparable a una multa de tráfico. Sin embargo, vemos que el castigo no es una multa, sino tres consecuencias absolutamente desproporcionadas: la expulsión del país, el internamiento en un CIE (en regimen prácticamente carcelario) o ser abocada a la irregularidad durante otros cinco años.

Las cosas se pueden poner aún más feas. Por un lado, hay personas que van acumulando órdenes de expulsión. Por otro lado, está la cuestión de los antecedentes penales. Uno de los requisitos para poder regularizarse a través del arraigo social es no tener antecedentes penales. Imaginemos que este inmigrante senegalés, como tantos otros, se gana la vida ganando CDs. La policía le detiene y se le imputa un delito contra la propiedad intelectual. Hasta que no haya una sentencia favorable al acusado o prescriba el delito, éste le impedirá acceder a un permiso de residencia y trabajo.

La integración (concepto que me repatea) es en todo caso un proceso que exige cierta reciprocidad. Tú no puedes integrarte en una sociedad que no te reconoce ni te respeta, que te aboca a vivir sin derecho durante hasta más de una década.

No sé cómo lo véis, pero a mí esto me parece estremecedor. He tenido la suerte de poner cara a esta realidad a través de conocer a los integrantes de la plataforma por los derechos de las personas migrantes Mbolo Moy Doole. Son en su mayoría senegaleses en situación irregular, muchos de ellos vendedores ambulantes afectados por la tipificación de la venta de CDs y DVDs como delito.

Una de sus principales luchas, como es he contado en otra ocasión y como se ve en la foto, es protestar por el encarcelamiento de un compañero que ya lleva 4 meses en prisión por llevar CDs en la mochila. También se están organizando para que cuando uno de ellos sea detenido el resto se enteren y se organicen para apoyarle y hacer una denuncia pública. Por último, con ayuda de los compañeros de la Comisión Jurídica de SOS Racismo, se están formando para conocer sus derechos, en lo relativo a cuestiones como las órdenes de expulsión. Me enorgullece y me llena de confianza y esperanza conocer a personas así, que ante la adversidad optan por apoyarse las unas a las otras y organizarse. Aunque el Gobierno les niegue ese estatus, ellos sí que son ciudadanos ejemplares.